¿Qué pasa con wikileaks?

Hace meses que venimos oyendo hablar de la página de Wikileaks. Pero en los últimos tiempos algo ha sucedido dentro de esta organización. Lo que comenzó siendo una lucha alternativa contra el poder establecido, se está convirtiendo en una información “mediatizada” más.

Hoy nos hemos levantado con la noticia de que los informes de Wikileaks aparecen en algunos medios tan libres de toda sospecha como de mucha confiabilidad (El país, New York Times, Spiegel, The Guardian, Le Monde). Pero no aparecen al completo sino sólo una reducida selección de los 250.000 cables. De esta forma  el “periodismo de investigación” se ha convertido en   el acceso privilegiado y el uso arbitrario de la  información por parte de intermediarios que hacen de un conocimiento particular un ejercicio de poder. Casualmente, la página web de Wikileaks ha sufrido un ataque y se ha  invalidado, así que  sólo se va a saber lo que esos medios, siempre generosos con el poder respectivo, han acordado brindar en una suerte de cártel informativo.

 Y esa información se reduce a  comentarios que rozan el peor sensacionalismo de la prensa rosa (que si Berlusconi es un maniático, Sarkozy tiene delirios de grandeza y Putin es un poco hipocondríaco), pero sobre todo  opiniones sobre países que llevan rato señalados como poco amigos de la democracia (Libia, Zimbawe, Irán, Rusia, Afganistán, Corea).
No resulta muy creíble que los medios tradicionales que han sido cuestionados  por la propia Wikileaks, sean ahora los abanderados de esa información. No deja de parecer una huida hacia adelante dispuesta a brindar un último servicio a sus señores. Como se suele decir, siempre es más fructífero acudir a las fuentes originales. Esto es, a wikileaks.
El propio Departamento de Estado se ha adelantado a la publicación de esa información. Y lo mismo ha hecho los medios escogidos para difundir parte de la misma. Eso sí hay que recalcar que los medios seleccionados se han conjurado para publicar sólo lo que ellos consideren “apropiado”. Les ha faltado decir que lo apropiado es lo acorde a sus intereses.
La nota compartida por todos estos medios donde explican de dónde viene la noticia es bastante clara e invita igualmente a la prudencia. La información brindada por Wikileaks siempre ha ido mucho más allá de lo que estos medios se atrevían a incluir. ¿Por qué ahora? No está la crisis del sistema para muchas ingenuidades.

PODER Y SANGRE EN EL DESIERTO

En los últimos post hemos estado desgranando las idas y venidas de nuestros políticos en el ámbito nacional, autonómico y local. Y como no podía ser menos también a nivel internacional existen múltiples casos de obligada mención. Un ejemplo reciente es el del Sahara.

El Sahara Occidental, en el noreste de África, fue colonia española hasta 1975. Ese año la  decadente dictadura de Franco cede ante las apetencias anexionistas  de Marruecos y firma el Acuerdo Tripartito, por el que se reparte el territorio entre Marruecos y Mauritania. El derecho a la autodeterminación saharaui fue conculcado y el Polisario comenzó a combatir contra ambos países. Poco después Mauritania se replegó permitiendo la ocupación marroquí de todo el Sahara. Desde entonces no han cesado los conflictos entre ese territorio y Marruecos, siempre  bajo la atenta mirada de los españoles.

En las últimas semanas hemos asistido a un ataque despiadado del gobierno marroquí que viola todas las normativas internacionales en materia de derechos humanos. La ministra de Exteriores ha explicado cuando se le ha reprochado su pasividad frente a este tema, que lo que allí sucede no es asunto nuestro y va más lejos, ni siquiera como país miembro de las Naciones Unidas, condena los ataques ilegales que está llevando a cabo Marruecos.. 

Pero como no podía ser de otra manera, ese cruce de brazos del gobierno español tiene un trasfondo económico. El Sahara posee uno de los recursos más deseados por España y Marruecos: su banco pesquero. La UE ha firmado acuerdos de pesca con Marruecos en 1988, 1992, 1995, y 2005, en los que, a cambio de prestaciones económicas, la flota europea obtiene permiso para faenar en las aguas bajo soberanía y bajo jurisdicción marroquíes. De estos acuerdos el país más beneficiado  es España. Otro  de los recursos más explotados en el Sahara son los fosfatos, elemento fundamental para la producción de fertilizantes. Actualmente, a través de la sociedad Phosboucráa, participada en un 35% por  España, Marruecos es el primer productor y el tercer exportador mundial de fosfatos3.Además  la cercanía del Sahara a las Islas Canarias y su abundancia de arena, ha provocado que incluso este recurso esté siendo expoliado en la actualidad para nutrir las costas y playas del litoral insular.

  Pero sin duda uno de los recursos más deseados del territorio saharaui son los hidrocarburos. Un trofeo codiciado por numerosas multinacionales energéticas. Ya se sabe que las riquezas petroleras atraen a los buitres más depredadores.

Y así las cosas,  Marruecos no se recata en  declarar que su única aspiración sobre el territorio es una unión histórica y España mientras, se abstiene de  realizar juicios ajenos. Pero una cosa quiero decirles, si el Sahara fuera solamente arenas y camellos, nadie miraría hacia la costa occidental africana.

EL ÚLTIMO SHOW DE MONTESEIRÍN

Giralda TV, la televisión municipal de Sevilla que Monteseirín inauguró seis meses antes de tener cobertura legal en TDT, en marzo de 2009, no paga a sus proveedores. Según las cuentas de la sociedad DeSevilla Digital Uno, que es la que gestiona el canal, el Ayuntamiento mantiene deudas con las productoras a las que ha contratado los contenidos de Giralda por valor de 8.685.634 euros. Y eso sólo en el periodo que va desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2010. Según el consejero del PP en dicha empresa pública, Gregorio Serrano, esta situación está arrastrando a varias pequeñas productoras "a la ruina más absoluta", ya que las dos principales acreedoras, Mediasur y Lavinia, "tienen músculo financiero" para soportar la situación.

A la primera de ellas se le deben tres millones de euros, mientras que con la segunda hay contraída una deuda de 1,7 millones. Ambas empresas tienen una larga trayectoria de vinculación con el PSOE, ya que el administrador de Mediasur, Francisco Romacho, fue jefe de Programación de Informativos de Canal Sur Televisión entre 1990 y 1993, director de Canal Sur Radio en 1995 y subdirector general de Desarrollo y Operaciones de la RTVA. Asimismo, la firma Lavinia ha realizado la última campaña electoral de Zapatero y las páginas web del PSOE nacional y de La Moncloa. A pesar de sus vinculaciones políticas ambas productoras han manifestado su intención de suspender los trabajos que vienen realizando para la televisión pública.

 Así que llegados a este punto la pregunta obligada es ¿Cómo ha llegado Giralda a esta situación?

 Si en  el presupuesto que diseñaron para esta temporada, se acordó que la televisión iba a costar 3.219.000 euros y que se iban a ingresar en concepto de publicidad y venta de producciones 3.500.000 euros, cómo es posible que  sólo se hayan facturado 463.295 euros y, en cambio, los gastos asciendan a 5.444.249 euros, 2,2 millones más de lo estipulado. Según Gregorio Serrano,  concejal del PP, la excusa que Montaño pone para explicar la escasa venta de publicidad es que “estamos en crisis y los anunciantes no han respondido”. Pero, añade el edil, “no se entiende cómo se puede estar en crisis para los ingresos y no para los gastos, porque es la primera vez en mi vida que veo que cuando no se cumplen las previsiones de ingresos se toma la decisión de gastarse dos millones más”.

  Una pista. El contrato con Mediasur y Lavinia incluye un acuerdo bastante jugoso. Ambas han tarifado sus productos a la televisión pública local en lo que han estimado oportuno —1,4 millones Mediasur y 940.000 euros Lavinia—, pero en esas cantidades no se incluyen los gastos de alquiler de locales en los que dichas empresas pudieran incurrir. De hecho, la tele paga a dichas productoras el alquiler de sus sedes en Sevilla pese a que Giralda TV ya tiene unas oficinas propias en la calle Rioja por las que paga 8.200 euros mensuales. Concretamente, a Mediasur le abonó durante los tres últimos meses de 2009 un total de 262.275 euros por un plató de televisión de 120 metros cuadrados en Tomares. Es decir, más de 87.000 euros al mes. Y a Lavinia le ha pagado 9.500 euros al mes por su sede de la calle Torneo hasta agosto de este año. O sea que cuando menos hay que considerar extraño este modelo de gestión de una tv pública.. Los números, desde luego, demuestran que Giralda TV, en la que el alcalde ha puesto tanto empeño, es el último agujero negro de su etapa.

http://www.abcdesevilla.es/

El decretazo de Griñán

  El pasado sábado  más de 40.000 personas se manifestaron  en  Sevilla para protestar contra el Decreto de reordenación que quiere llevar a cabo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Esta movilización se suma a otras ya protagonizadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, como la que tuvo lugar el día de la inauguración de la Plaza de España, cuando un grupo de funcionarios impidieron al alcalde y a Manuel Chaves, pronunciar su discurso institucional.

  El PSOE andaluz ha afirmado que estas manifestaciones son fruto de la manipulación informativa que están llevando a cabo desde el Partido Popular, quienes a juicio de los socialistas, están infundiendo información falsa sobre el contenido del Decreto entre el funcionariado.

  El líder del PP ha bautizado la norma como “el Decreto del enchufismo”, ya que de aplicarse, 111 entidades públicas se fusionarían en una decena de agencias. Funcionarios y laborales pasarían  a las agencias de nueva creación, donde quedarían equiparados (como personal laboral) con los de las empresas públicas. El objetivo final de esta medida es el de blindar al personal de las empresas públicas, que conforman una administración paralela formada por amigos y familiares de los cargos políticos en el poder. La discriminación está en que unos han accedido a sus puestos de trabajo por oposiciones y los otros no. La Administración autonómica cuenta con 24.000 trabajadores afectados por el decreto, de los cuales sólo  3.000 son funcionarios, el resto, personal de  las empresas públicas.

  Otra consecuencia directa del decreto según señala ABC, “es la politización de las labores de los funcionarios en los nuevos entes,  ya que al estar bajo las órdenes de altos cargos procedentes de las empresas públicas, los trabajadores con oposiciones, se convertirán en meros firmadores de expedientes, mientras que la ejecución de muchas labores pasarán a la plantilla de los que accedieron al puesto sin un examen previo. Uno de estos trabajos es la encomienda de gestión: tarea que por ley corresponde a los funcionarios y no al resto. De hecho, casos de este tipo se han denunciado en los tribunales, cuyos fallos han dejado a la Junta sin argumentos. Con el decreto, desaparece la posibilidad de los recursos.”

  Un indicio de que el objetivo de Griñán es favorecer a sus simpatizantes, queda patente en  el procedimiento utilizado para conseguir sus fines. La reordenación del sector público no ha sido una Ley debatida y aprobada en el Parlamento por los diferentes grupos políticos, dando de esta forma la opción a los agentes sociales y colectivos a expresar su opinión, sino mediante  un decreto, algo que el Estatuto de Autonomía contempla sólo en caso de extraordinaria urgencia y necesidad. Además se aprobó en el mes de julio, periodo de vacaciones para muchos de los trabajadores.

  Pero quizá lo más terrible del asunto son las purgas que se están llevando a cabo entre los trabajadores que muestran su disconformidad con esta normativa, a los que se amenaza y coacciona para silenciar sus quejas. Además el número dos del PP-A ha denunciado que se están produciendo grabaciones de video y fotografía de la asistencia a los actos de protesta, así como  toma de nombres y amenazas de futuras represalias.

Una vergüenza.

Medios sin voz propia pero con voto bien definido

  El artículo 20 de la CE establece que todos los ciudadanos tienen  derecho a exigir una información  pública veraz, contrastada y plural a través de los medios de comunicación. El periodismo cumple una función esencial dentro de la sociedad. Los medios deben estar al servicio de los ciudadanos, pero todos aquellos que estudiamos esta profesión sabemos que en realidad están al servicio de los intereses públicos y privados. Eso significa que en la práctica, los medios más influyentes del país  están controlados, directa o indirectamente, por los  bancos, las multinacionales y el sector publicitario.

  Hay infinidad de ejemplos que ilustran estas afirmaciones, uno de ellos es el que refleja el Diario Diagonal en uno de sus análisis y que viene a demostrar la manipulación de la población mediante datos falseados por los medios de referencia. Aquí se recogen tres ejemplos que no dejan lugar a dudas:

  Primer acto. Domingo 5 de septiembre. Portada de El País. Publica una encuesta que afirma que sólo un 9% de los españoles tiene decidido participar en la huelga del 29-S. La ficha del sondeo que pronostica esta debacle había sido realizada el primer día después del final de las vacaciones de agosto, con la gente deshaciendo sus maletas.

Segundo acto. Jueves 23 de septiembre. La 1, de TVE, programa 59 segundos. Un panel de comentaristas critica las consecuencias que se prevén: pérdidas económicas y la coacción de los piquetes. Los ‘concursantes’ son el director de una agencia de noticias, el responsable de un periódico gratuito, una periodista catalana a título personal, dos dirigentes de la CEOE y, por el “turno sindical”, el ex secretario general de CC OO, José María Fidalgo, en la actualidad en el Instituto de Empresa Familiar, una de las organizaciones más reaccionarias de la patronal.

Tercer acto. 00:00 horas del día 30. Telemadrid, el canal controlado por el PP de Aguirre, reinicia su programación tras 24 horas de apagón por la huelga. Comienza el informativo de la noche y la presentadora asegura que la protesta ha sido un rotundo fracaso.

  Estos tres ejemplos llevan a Rafael Cid, autor del artículo, a plantearse si la información retransmitida a través de los medios sobre la huelga responde a una libertad de prensa o más bien a una libertad de empresa. En realidad el trasfondo de estas manipulaciones mediáticas responde a un intento no disimulado, de convertir a los medios en agencias de prensa, sin voz  propia pero con un voto bien definido.

 ¿Alguien consigue ver la luz al final de este  túnel?

PIDE Y SE TE CONCEDERÁ

  Prácticamente todos los españoles hemos  tenido conocimiento de que el Papa Benedicto XVI ha visitado España este pasado fin de semana. Ahora bien lo que nadie sabe es si ha venido en calidad de Jefe religioso o de Jefe de Estado.

  La diferencia está en que si viene en calidad de Papa, lo menos que podía exigírsele es que el montante de sus desplazamientos lo paguen sus seguidores y no el Estado español, es decir, los contribuyentes. Además debería exigírsele también que se ocupe sólo de los asuntos de fe y deje al margen las recomendaciones políticas, que puestas en boca de cualquier otro Jefe de Estado, hubieran desatado como mínimo una crisis diplomática de calado. Pero no sólo ha venido el Papa a España a pasar un día de asueto a gastos pagos, ni tampoco a criticar "el vivaz enfrentamiento entre fe y modernidad" que, a su juicio, se da en este país y que dijo que le recordaba al "anticlericalismo y secularismo fuerte y agresivo de la década de los años treinta". No, ha venido sobre todo a pedir dinero público para los suyos.

  Quizás alguien esté pensando ahora mismo que en un país laico como el nuestro, cada creencia religiosa se autofinancia por sí misma y el Gobierno a su vez, redistribuye a partes iguales los recursos para que todas las religiones disfruten de las mismas oportunidades. Pero no es así. Enrique Ruiz del Rosal, economista y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, ha elaborado un trabajo de análisis a raíz de la publicación de la Memoria Justificativa de Actividades de 2008, presentada recientemente por la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según este análisis, el Fondo Común Interdiocesano (FCI) se nutre de la asignación de los Presupuestos del Estado y de las aportaciones de las diócesis en una proporción en la que cada vez es mayor el peso de la aportación de las arcas públicas, que supone un 92 % frente al 8% que aportan las diócesis.

  En la distribución de este Fondo  se observa que la mayor parte se destina a sufragar los gastos de las diócesis, a la remuneración de obispos y clero en general, a financiar Universidades Católicas (incluidas las ubicadas en el extranjero, como Roma y Jerusalén), y tan solo una mínima cantidad se destina a actividades pastorales (acompañamiento, asesoramiento espiritual o formación de sus fieles).Como conclusión de su trabajo, Enrique Ruiz del Rosal cree  que entre aportaciones directas e indirectas (exenciones fiscales, etc.) de todas las administraciones públicas son muchos miles de millones de euros los que recibe la Iglesia Católica sin que exista un control de la utilización que se realiza de caudales públicos.

   Resumamos juntos. El Papa viaja gratis a España  porque se lo pagan los contribuyentes, el Papa critica abiertamente el sistema político y social  y Zapatero aplaza la aprobación de la ley de libertad religiosa para no contrariarle, el Papa exige ayudas económicas y el Estado financia a la Iglesia Católica con más e 6 mil millones de euros. Como dice Alberto Montero, “en este país de tanto practicar la tolerancia nos hemos vuelto tontos, y  hasta el Papa se ha dado cuenta”.

El Cluster andaluz

En el mes de junio una veintena de empresas del sector audiovisual y del sector TIC de Andalucía se reunieron  en la sede de Eticom (Parque Tecnológico de la Cartuja) con el objetivo de poner en marcha el Cluster Audiovisual Andaluz. Esta asociación ha supuesto una iniciativa pionera en España, ya que si bien existen diversas asociaciones profesionales de las áreas audiovisual y tecnológica, CLAND es la primera en integrar a empresas y profesionales de los dos sectores.

 Según sus creadores los primeros objetivos del Cluster es la generación de sinergias entre las compañías participantes, la mejora de las vías de financiación, el fomento de la I+D+i, la inversión en la formación de capital humano y la representación de los intereses de los asociados ante la Administración Pública y las instituciones privadas.

  Según la definición de Michael Porter los  Cluster son "agrupaciones de empresas interconectadas e instituciones relacionadas (centros de formación, unidades de investigación y/u otros agentes públicos o privados) pertenecientes a un sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que están vinculadas a través de elementos comunes y complementarios, que se unen para realizar proyectos conjuntos y ser más competitivos." De esta definición podemos deducir que un Cluster funciona en la práctica como un lobby, es decir, un grupo de presión  cuyo objetivo es condicionar las políticas de un partido o gobierno.

 Entre las empresas que forman parte del Audiovisual andaluz  está Adsat, cuyo director es Carlos Rosado, ex secretario general de la RTVA y representante de las productoras andaluzas  más importantes. También está la compañía Below, a la que pertenece al presidente del Cluster, José Carlos López Conde. Uno de los principales accionistas de Bellow es Interlab Media, empresa dirigida por el sobrino de Felipe González, Juan Manuel González Mejías, quien ha sido nombrado recientemente nuevo secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, un cargo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

  La naturaleza jurídica del Cluster es la de una fundación, y como tal se financia además de con su patrimonio, a través de  las aportaciones, legados y donaciones que reciba. De hecho el Consejo de Gobierno ya ha autorizado un incentivo de 2,95 millones de euros a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) para respaldar su proyecto de dinamización de nueve clusters  en la comunidad, incluido el andaluz.

   El poder audiovisual en la comunidad siempre ha tenido la misma orientación política, pero es llamativo que ahora las principales empresas hayan decidido unirse para ejercer más presión. ¿Simples sinergias o miedo ante un posible batacazo electoral? De ser así, Arenas no lo va a tener nada fácil con el Cluster.

Como trasformar la comunicación pública en ganancias suculentas

 La vinculación del gobierno andaluz con  la televisión  pública no es nada nuevo ni desconocido en estos tiempos que corren. Desde 1982 los cuatro  presidentes andaluces han tenido y tienen  intereses  en el medio. Desde Rafael Escuredo hasta José Antonio Griñán, todos se han beneficiado de la televisión  pública para colocar a amigos o familiares en ella y  también, para obtener suculentos contratos para sus productoras. Así tenemos por ejemplo el caso de José María Zafra, en  cuya empresa Mundo Visión MGI 2000 SA, participaban Ángel Ojeda Avilés, ex consejero de la Junta  o Francisco Mencía Morales, director de IFA y también del Parque Tecnológico Aerópolis. Otro ejemplo sonado es el de José Miguel Salinas, vicepresidente de la Junta, quien tiene intereses en la productora Videoplaning que trabaja desde hace años para Canal Sur.

  Pero quizás lo más escandaloso del asunto reside en las vinculaciones de ex altos cargos de la RTVA con productoras a las que el Ente Público andaluz adjudicó casi la mitad del presupuesto entre 1999 y 2004.

  Según el diario El Mundo los principales contratos de televisión pública andaluza recayeron en 42 productoras que recibieron 125 millones de euros.

Frente a los más de 53 millones de euros que le facturaron las 12 productoras “privilegiadas” a Canal Sur, las otras 30 empresas se tuvieron que conformar con algo más de 71 millones de euros, que representan el 57 por ciento del total.

Estas productoras “privilegiadas” están controladas por diez ex directivos de la cadena autonómica, entre los que destacan dos ex directores generales de la RTVA, Salvador Domínguez y Manuel Melero.

El listado de los diez ex directivos  se completa con Francisco Cervantes, Francisco Romacho, Pedro Recuenco, Julián Pavón Fuentes, Francisco Lobatón, Juan Luis Manfredi, José María Durán Ayo y Ricardo Llorca.

Francisco  Cervantes, ex directivo de Canal Sur, ha conseguido los  mejores contratos a través de sus productoras Productora Cinematográfica Veintinueve y PC 29 Televisión. Con la primera empresa, en la que figura como administrador único, obtuvo de la RTVA cerca de 13 millones de euros en contratos  entre 1999 y 2004.

En los últimos años, las adjudicaciones de la televisión pública a Cervantes han sido derivadas a PC 29, que tiene los mismos socios y prácticamente el mismo nombre. Con esta sociedad, constituida en mayo de 2003, ha logrado más de 4,2 millones de euros (701 millones de pesetas) en contratos de la RTVA. Según los datos del Registro Mercantil, la actual apoderada de las dos productoras, María de los Ángeles Oliver Puelles, aparece en el listado oficial de trabajadores que han pasado por Canal Sur.

En la productora ZZJ confluyen los intereses de tres destacados ex directivos de la cadena. Se trata de Francisco Romacho, jefe de Programación de Informativos de Canal Sur Televisión durante cuatro años, entre 1990 y 1993, director de Canal Sur Radio en 1995 y subdirector general de Desarrollo y Operaciones de la RTVA; Pedro Recuenco, director Comercial de la cadena pública en los años 1996 y 1997; y Julián Pavón Fuentes, que fue director de Producción entre 1988 y 1999.

La tela de araña se complica con  el propio ex director general de la RTVA Manuel Melero Muñoz, propietario de Media Planet Internacional, sociedad que le ha facturado a Canal Sur Televisión más de 500.000 euros a través de contratos a dedo y sin publicidad.

Otro ex directivo de Canal Sur con productora propia  es Francisco Lobatón, administrador único de la productora Red Acción 7 Andalucía, la sexta que más le ha facturado a Canal Sur Televisión entre 1999 y 2004, con un total de cinco millones de euros (866 millones de pesetas). Lobatón creó esta sociedad en 1998 con tan sólo 3.000 euros de capital social.

La novena productora con un volumen de facturación más alto de Canal Sur Televisión es Atrium Digital. Detrás de esta empresa hay dos ex directivos de la RTVA, según los datos recopilados en el Registro Mercantil. Se trata de José María Durán Ayo, que fue director de Canal Sur Radio en 1989 y director de Canal Sur Televisión en 1990, y Juan Luis Manfredi, actual profesor de Periodismo en la Universidad de Sevilla y ex directivo de Canal Sur.

La instrucción reguladora de los procedimientos de contratación aplicables a la agencia pública empresarial de la RTVA  dice expresamente que: Todos los proyectos de producción y coproducción de programas de televisión que se presenten para su evaluación por Canal Sur iniciarán su tramitación con la inscripción en el Registro de Programas Audiovisuales de Canal Sur. El Registro de Programas Audiovisuales es un fichero que garantiza la publicidad, la concurrencia, la trasparencia, la igualdad y la no discriminación en este tipo de contrataciones, preservando a su vez la confidencialidad.

Juzguen por sí mismos, a ver si encuentran en las adjudicaciones descritas en el post algunos de esos principios.

http://www.canalsur.es/html/portal/com/bin/contenidos/areas/direccion_economica_financiero/perfil/condiciones/1235051134326_condiciones_contratacion.pdf

Empresas públicas versus negocio seguro

  Todas las empresas, tanto públicas como privadas,  tienen como objetivo fundamental la obtención de beneficios. Pero las empresas públicas se diferencian de las privadas en dos aspectos concretos, tienen un objetivo añadido que es  la orientación hacia fines sociales y, además tienen un régimen jurídico propio, puesto que pertenecen de forma total o parcial a las diferentes administraciones.

  En los últimos años la creación de empresas públicas a nivel nacional ha disminuido un 10%, pero no ha ocurrido lo mismo  a nivel autonómico. Según el diario Expansión el 53% del total de las sociedades mercantiles públicas pertenece a diputaciones y ayuntamientos, el 35% es para las autonomías y sólo el 12% restante depende al Estado. ¿Significa eso que las administraciones autonómicas están más comprometidas con los fines sociales? Evidentemente no. La explicación es más sencilla. Las empresas públicas autonómicas  escapan a la fiscalización del gasto y al control de la oposición, es decir, sirven para adjudicar todo lo adjudicable sin pasar por el interventor, para colocar a miles de simpatizantes y para evitar el control del Parlamento. Además, sirven también para desviar grandes cantidades de dinero. El endeudamiento de  las compañías de las CCAA ascendía a 1.698 millones en 1995, una cifra que se ha multiplicado por diez en 2010. El de las corporaciones locales, por su parte  ha pasado de 1.469 millones en 1995 a 8.449 millones en este ejercicio.

  

Rafael Coloma, portavoz de Fedeca, en una entrevista al diario  Libertad Digital afirmaba que "un político lo que quiere es volver a salir elegido. Y lo más fácil para crear empleo, en un nivel territorial reducido, es crear una empresa pública. Además, lo que busca es salir del control de la intervención general del Estado y crea empresas bajo diferentes figuras: consorcios, fundaciones... Son entes sujetos a derecho privado en los que se ficha al personal bajo un contrato privado puro y duro. Luego, claro, nos encontramos todo lo que está ahí. Buscan satisfacer todo tipo de objetivos políticos fuera de control".

  Evidentemente sólo de esta forma podrían explicarse algunos casos tan insólitos como los que se dan en la Administración andaluza, donde las duplicidades rozan el absurdo. Así tenemos además de una Consejería de Medio Ambiente, una Empresa de gestión Medioambiental, además de una Consejería de Cultura, una Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, además de una Consejería de Agricultura y Pesca, una Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero, además de una  Consejería de Educación, un  Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos y así hasta 172 sacos rotos por donde se escapa el dinero adjudicado a nuestros “fines sociales”.