Todas las empresas, tanto públicas como privadas, tienen como objetivo fundamental la obtención de beneficios. Pero las empresas públicas se diferencian de las privadas en dos aspectos concretos, tienen un objetivo añadido que es la orientación hacia fines sociales y, además tienen un régimen jurídico propio, puesto que pertenecen de forma total o parcial a las diferentes administraciones.
En los últimos años la creación de empresas públicas a nivel nacional ha disminuido un 10%, pero no ha ocurrido lo mismo a nivel autonómico. Según el diario Expansión el 53% del total de las sociedades mercantiles públicas pertenece a diputaciones y ayuntamientos, el 35% es para las autonomías y sólo el 12% restante depende al Estado. ¿Significa eso que las administraciones autonómicas están más comprometidas con los fines sociales? Evidentemente no. La explicación es más sencilla. Las empresas públicas autonómicas escapan a la fiscalización del gasto y al control de la oposición, es decir, sirven para adjudicar todo lo adjudicable sin pasar por el interventor, para colocar a miles de simpatizantes y para evitar el control del Parlamento. Además, sirven también para desviar grandes cantidades de dinero. El endeudamiento de las compañías de las CCAA ascendía a 1.698 millones en 1995, una cifra que se ha multiplicado por diez en 2010. El de las corporaciones locales, por su parte ha pasado de 1.469 millones en 1995 a 8.449 millones en este ejercicio.
Rafael Coloma, portavoz de Fedeca, en una entrevista al diario Libertad Digital afirmaba que "un político lo que quiere es volver a salir elegido. Y lo más fácil para crear empleo, en un nivel territorial reducido, es crear una empresa pública. Además, lo que busca es salir del control de la intervención general del Estado y crea empresas bajo diferentes figuras: consorcios, fundaciones... Son entes sujetos a derecho privado en los que se ficha al personal bajo un contrato privado puro y duro. Luego, claro, nos encontramos todo lo que está ahí. Buscan satisfacer todo tipo de objetivos políticos fuera de control".
Evidentemente sólo de esta forma podrían explicarse algunos casos tan insólitos como los que se dan en la Administración andaluza, donde las duplicidades rozan el absurdo. Así tenemos además de una Consejería de Medio Ambiente, una Empresa de gestión Medioambiental, además de una Consejería de Cultura, una Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, además de una Consejería de Agricultura y Pesca, una Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero, además de una Consejería de Educación, un Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos y así hasta 172 sacos rotos por donde se escapa el dinero adjudicado a nuestros “fines sociales”.
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