El pasado sábado más de 40.000 personas se manifestaron en Sevilla para protestar contra el Decreto de reordenación que quiere llevar a cabo el presidente de la Junta , José Antonio Griñán. Esta movilización se suma a otras ya protagonizadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, como la que tuvo lugar el día de la inauguración de la Plaza de España, cuando un grupo de funcionarios impidieron al alcalde y a Manuel Chaves, pronunciar su discurso institucional.
El PSOE andaluz ha afirmado que estas manifestaciones son fruto de la manipulación informativa que están llevando a cabo desde el Partido Popular, quienes a juicio de los socialistas, están infundiendo información falsa sobre el contenido del Decreto entre el funcionariado.
El líder del PP ha bautizado la norma como “el Decreto del enchufismo”, ya que de aplicarse, 111 entidades públicas se fusionarían en una decena de agencias. Funcionarios y laborales pasarían a las agencias de nueva creación, donde quedarían equiparados (como personal laboral) con los de las empresas públicas. El objetivo final de esta medida es el de blindar al personal de las empresas públicas, que conforman una administración paralela formada por amigos y familiares de los cargos políticos en el poder. La discriminación está en que unos han accedido a sus puestos de trabajo por oposiciones y los otros no. La Administración autonómica cuenta con 24.000 trabajadores afectados por el decreto, de los cuales sólo 3.000 son funcionarios, el resto, personal de las empresas públicas.
Otra consecuencia directa del decreto según señala ABC, “es la politización de las labores de los funcionarios en los nuevos entes, ya que al estar bajo las órdenes de altos cargos procedentes de las empresas públicas, los trabajadores con oposiciones, se convertirán en meros firmadores de expedientes, mientras que la ejecución de muchas labores pasarán a la plantilla de los que accedieron al puesto sin un examen previo. Uno de estos trabajos es la encomienda de gestión: tarea que por ley corresponde a los funcionarios y no al resto. De hecho, casos de este tipo se han denunciado en los tribunales, cuyos fallos han dejado a la Junta sin argumentos. Con el decreto, desaparece la posibilidad de los recursos.”
Un indicio de que el objetivo de Griñán es favorecer a sus simpatizantes, queda patente en el procedimiento utilizado para conseguir sus fines. La reordenación del sector público no ha sido una Ley debatida y aprobada en el Parlamento por los diferentes grupos políticos, dando de esta forma la opción a los agentes sociales y colectivos a expresar su opinión, sino mediante un decreto, algo que el Estatuto de Autonomía contempla sólo en caso de extraordinaria urgencia y necesidad. Además se aprobó en el mes de julio, periodo de vacaciones para muchos de los trabajadores.
Pero quizá lo más terrible del asunto son las purgas que se están llevando a cabo entre los trabajadores que muestran su disconformidad con esta normativa, a los que se amenaza y coacciona para silenciar sus quejas. Además el número dos del PP-A ha denunciado que se están produciendo grabaciones de video y fotografía de la asistencia a los actos de protesta, así como toma de nombres y amenazas de futuras represalias.
Una vergüenza.
Una gran protesta, horas después pasé por allí y estaban todos los panfletos y restos de la manifestación, a ver si sirve de algo para los poderes públicos, porque no muchas veces se consigue unir a tanta gente y manifestarse de una forma tan contundente.
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