LA VERDAD SOBRE LAS PENSIONES

La política económica del gobierno de Margaret Tatcher resumía su pensamiento  en el acrónimo TINA (no hay alternativa, en su traducción del inglés). Así, este gobierno conservador utilizó la crisis como argumento para acometer las políticas más antisociales de la época en Europa. Del mismo modo, el gobierno liberal de el PSOE basa su decisión de rebajar las ya de por sí reducidas pensiones en base al mismo argumento: no hay alternativa. El sistema de seguridad social podría quebrar de mantener los parámetros actuales. Por lo tanto, dicen que es necesario reducir el gasto en pensiones para garantizar su sostenibilidad.
Ambos argumentos –quiebra de la seguridad social, necesidad de reducir el gasto en pensiones- son absolutamente falsos, y únicamente pretenden ocultar la verdadera naturaleza de las reformas: reducir lo público para abrir oportunidades de negocio para los mismos causantes de la crisis sistémica Ni la seguridad social está en riesgo, (valga el dato del superávit actual de 11.000 millones de euros), ni es necesario reducir los costes.
Así, todas las predicciones agoreras que anunciaban la quiebra de la SS han fracasado estrepitosamente, pese a lo cual los aprendices de brujo siguen haciendo nuevos augurios catastrofistas. Sus pronósticos interesados que anunciaban que la menor natalidad y la mayor esperanza de vida provocarían la quiebra de la SS fallaron. Esta campaña contra la Seguridad Social es promovida por la banca (que pretende acaparar para sí el muy lucrativo negocio de los ahorros públicos de la SS), así como por la patronal, que ve en esta medida un modo de reducir las cotizaciones sociales, las cuales son parte del salario diferido de los trabajadores. Por ello, piden la reducción de las pensiones públicas y al aumento de las pensiones privadas, no por necesidad para las personas trabajadoras y pensionistas, ni para el estado, sino sólo para los maltrechos y acaparadores mercados.
De esta manera, el querer hacer trabajar más allá de los 65 años no es algo que se haga para salvaguardar las pensiones. Su idea es reducir las pensiones públicas para que quienes puedan ahorrar se vean en la obligación de entrar en las pensiones privadas y que la banca disponga de ese pastel. No están en juego las pensiones, sino los beneficios de la banca.
 Precisamente, parece que poco importa que la crisis financiera haya dejado en evidencia la debilidad de los sistemas privados de pensiones, al haber tenido que ser rescatados con dinero público y al encadenar sucesivas rentabilidades negativas. Desde 1970 a 2003 ha habido 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 episodios de “stress” financieros en 17 países.
Pero no sólo cae por su propio peso este argumento de quiebra de la seguridad social, sino que además quieren analizar el problema únicamente desde la reducción del gasto, aliándose con la patronal, y sin tomar las medidas estructurales oportunas que nos saquen de la crisis.
Así, uno de los cambios que se han propuesto para reducir el gasto de la Seguridad Social es aumentar el mínimo de años que se utiliza para calcular las bases de cotización de 15 a 20 años. De este modo, según los cálculos de los sindicatos las pensiones se reducirían un 6%. Esta medida afecta principalmente a las mujeres porque tienen menores tiempos de cotización por ser quiénes más entradas y salidas realizan del mercado de trabajo y por tener más contratos parciales. Y especialmente afecta a las trabajadoras que están en el Régimen Especial de los empleados de Hogar, puesto que el 32,5% de las trabajadoras en este régimen está en la franja de quienes han cotizado entre 16 y 20 años.El Gobierno además  va a retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Esta medida junto con el aumento de 15 a 20 años de la base de cotización, supondrían una reducción media de las pensiones del 16%. Al mismo tiempo, cierran la puerta de salida del mercado laboral a personas que ya se han ganado el derecho al descanso complicando la entrada al trabajo a los y las jóvenes. Todavía no se sabe cuales serán los cambios concretos, en cualquier caso, el gobierno maneja diferentes cambios todos ellos orientados a reducir las pensiones.
Sin embargo y pese a todas estas medidas hay otras alternativas, claro que estas benefician solo a los trabajadores y eso no es rentable.

LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA REAL

Opacidad es la palabra más repetida cuando se habla de la fortuna que posee la familia real. Aunque algunas revistas internacionales la sitúan en torno a los 1.790 millones de euros, el presupuesto público le asignaba directamente 9 millones en 2009. Lo que contrasta con los numerosos negocios de sus más cercanos familiares.

La familia del rey Juan Carlos I hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las empresas de lujo. Su primo hermano participa en  negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico. Pero al rey no se le conoce oficialmente ninguna otra actividad que no sea la jefatura del estado

La única forma de conocer sus ingresos públicos es rastrear los presupuestos. Directamente en 2009 recibió 8,9 millones. “Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones, seis millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de élite... Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores”, explica Antonio Romero, ex diputado de IU.

Pero las cuentas no cuadran. Y nadie lo puede investigar. El artículo 56 de la Constitución establece que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Incluso tras el nombramiento de un interventor de las cuentas reales en 2007, la Casa Real afirmaba que era "una decisión administrativa y burocrática adoptada por el rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución, no tiene más trascendencia".

"La Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal, interpretan la disposición libre de su presupuesto, como que no tienen que dar explicaciones a nadie", denuncia Romero”

Los escándalos económicos han salpicado en numerosas ocasiones a Juan Carlos de Borbón. Y han servido como indicios de los negocios en que podría estar involucrado. Durante los gobiernos de Felipe González, varios casos de corrupción fueron protagonizados por empresarios y personas de su máxima confianza: Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde pisaron en varias ocasiones los tribunales. Una situación que vuelve a estar presente con la publicación en septiembre del libro de Conde, Memorias de un preso, donde relata los intentos del rey por frenar la intervención de Banesto y su posterior enjuiciamiento.

A ellos se suman nuevos episodios, aunque toquen más de cerca a su sucesor. A primeros de agosto era detenido Pepote Ballester por el escándalo del Palma Arena; y en este mes de septiembre Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, era nombrada ‘a dedo’ subdirectora de Proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona

                                                                               

Está claro que  la connivencia  con la política afecta a todas las esferas de poder y obviamente, la monarquía no podía ser menos. Si no pensemos en cuál es el sentido de que exista una familia real en España cuando su figura como reza en la constitución, es simplemente representativa.